Ayudas coronavirus






Ayudas por las consecuencias económicas del coronavirus

Coronavirus:

Ayudas públicas ...

  • Suspensión del pago de hipotecas.
  • Aplazamiento pago de impuestos.
  • Aplazamiento pago de Seguridad Social.
  • Ayudas económicas a los autónomos.
  • Créditos blandos para las empresas.
  • Ayudas económicas para el pago del alquiler.
  • Préstamos para el pago de alquiler.
  • Moratoria del alquiler vivienda y negocio.
  • Paralización desahucios.
  • Paralización procedimientos reclamación.
  • Cobro de paro en condiciones beneficiosas.

Coronavirus:

Ayudas privadas...

  • Moratoria en el pago de préstamos personales.
  • Rebaja de cuotas de todos los préstamos al 50%.
  • Refinanciación de todas las deudas SIN intereses.
  • Paralización desahucios en viviendas.
  • Paralización de lanzamientos.
  • Paralización reclamaciones de cantidad.
  • Paralización intereses.
  • Perdón parcial de intereses.
  • Perdón total de intereses.
  • Perdón parcial del capital.


Una ayuda para cada caso. ¿Empezamos?

Nuevo Simulador ayudas por COVID-19:

Índice


Dejar de pagar todos los créditos por el coronavirus (moratoria).



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Coronavirus y moratoria créditos no hipotecarios e hipotecarios

El Real Decreto Ley 8/2020 para los créditos hipotecarios y posteriormente el 11/2020 también para los créditos no hipotecarios, establecen una moratoria en el pago de las cuotas de créditos de los colectivos particularmente vulnerables, manifestando en su Exposición de Motivos que “es de especial importancia garantizar el derecho a la vivienda a los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean reducir sus ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19”

Por ello se establecen medidas que alivien la carga financiera posibilitando la moratoria de la deuda hipotecaria de la vivienda habitual de quienes padecen dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis del COVID-19.

Supuestos en los que se aplica

A los titulares de los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad económica establecidos en el artículo 9 RD-ley 8/2020 y que estén vigentes a 18 de marzo de 2020.

Al Deudor hipotecario descrito en el art. 8.1 RD-ley 8/2020, es decir, al que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, así como fiadores y avalistas del deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.

El Real Decreto 11/2020, amplía las condiciones de la moratoria hipotecaria decretada el pasado 17 de marzo, y que solo tenía efectos sobre la vivienda habitual. Amplía la prórroga, que hasta ahora contemplaba un periodo de un mes, a los tres meses. Además, aparte de las familias vulnerables y los empresarios que hayan visto reducidos sus ingresos al menos un 40% por la crisis del Covid-19, incluye como posibles beneficiarios a los autónomos cuya actividad ha sido suspendida por el estado de alarma o cuya facturación haya caído otro 40%, por lo que lleva esta prórroga a también a los locales comerciales o tiendas. También incluye a los pequeños propietarios de vivienda que sufran impagos del alquiler.

Situación de los fiadores, avalistas e hipotecantes con renuncia al beneficio de excusión

Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en los supuestos de vulnerabilidad económica podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, sin perjuicio de la aplicación a éste, en su caso, de las medidas previstas en el Código de Buenas Prácticas, antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión.

Supuestos considerados situación de vulneración económica

Son supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 aquellos en que:

a) El deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas.

b) El conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:

i. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).

ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.

iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.

v. En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM.

c) La cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

d) A consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, en los términos que se definen en el punto siguiente.

A estos efectos, se entiende:

a) Que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

b) Que se ha producido una caída sustancial de las ventas cuando esta caída sea al menos del 40 %.

c) Por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

Condiciones para estar en situación de vulneración económica

La concurrencia de las circunstancias (artículo 9) se acreditará por el deudor ante la entidad acreedora mediante la presentación de los siguientes documentos:

a) En caso de situación legal de desempleo: mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia: mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

c) Número de personas que habitan la vivienda:

i. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.

ii. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

iii. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

d) Titularidad de los bienes:

i. Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

ii. Escrituras de compraventa de la vivienda y de concesión del préstamo con garantía hipotecaria.

e) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según el RD-ley 8/2020.

Plazos y documentación para solicitar la moratoria

— Plazo: Se puede solicitar del acreedor, desde el 19-3-2020, hasta 15 días después del fin de la vigencia del RD-ley 8/2020

— Documentación: los deudores acompañarán, junto a la solicitud de moratoria, la documentación prevista en el art. 11 RD-ley 8/2020.

— Dicha solicitud supone la aplicación de los artículos 15 y 16 del RD-ley 8/2020.

Aprobación de la moratoria

Solicitada la moratoria, la entidad acreedora procederá a su implementación en un plazo máximo de 15 días.

Una vez concedida la moratoria la entidad acreedora comunicará al Banco de España su existencia y duración a efectos contables y de no imputación de la misma en el cómputo de provisiones de riesgo.

Beneficios de la moratoria

— La solicitud conllevará la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo de 3 meses estipulado para la misma, ampliables si fuese necesario y la consiguiente inaplicación durante el periodo de vigencia de la moratoria de la cláusula de vencimiento anticipado que conste en el contrato de préstamo hipotecario.

— Durante el periodo de vigencia de la moratoria la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni en un porcentaje.

— Tampoco se devengarán intereses.

Suspensión de intereses moratorios

— En todos los contratos de crédito o préstamo garantizados con hipoteca inmobiliaria en los que el deudor se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad económica prácticas y acredite ante la entidad que se encuentra en dicha circunstancia, no se permitirá la aplicación de interés moratorio por el período de vigencia de la moratoria.

— Esta inaplicabilidad de intereses no será aplicable a deudores o contratos distintos de los regulados en el RD-ley 8/2020.

Suspensión de lanzamientos o desahucios

Quedan suspendidos todos los lanzamientos o desahucios. Mientras dure el estado de alarma, no se podrá echar a nadie de su casa, paralizándose todos los procedimientos judiciales en marcha y tampoco se podrán iniciar nuevos procedimientos.



Ayudas alquiler

Ayudas de hasta 900 euros para el pago del alquiler

Se ha aprobado un programa de ayudas al pago del alquiler, mediante adjudicación directa, destinado a las personas arrendatarias de vivienda habitual que tengan problemas puntuales para atender a sus pagos.

Así, esta ayuda pretende facilitar el objetivo "de hacer frente a la dificultad en la devolución de aquellas ayudas transitorias de financiación contraídas por hogares vulnerables que no se hayan recuperado" tras la crisis, y que por lo tanto "no puedan hacer frente a la devolución de dichos préstamos".

La cantidad que se puede percibir por esta ayuda "será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual".

Las autoridades competentes para decidir sobre la concesión de dichas ayudas, serán los órganos competentes de cada comunidad autónoma y de las ciudades de Ceuta y de Melilla los que determinen la cuantía exacta de estas ayudas, dentro de los límites establecidos.


Líneas de crédito para alquileres

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) desarrollará una línea de avales con total cobertura del Estado, quien responderá en caso de impago, para que los inquilinos en situación de vulnerabilidad derivada del Covid-19 puedan hacer frente a sus deudas sin ningún tipo de interés durante un plazo de seis años, ampliables a 10.

Estas ayudas deberán dedicarse exclusivamente al pago de la renta, cubriendo un importe máximo de seis mensualidades.


Suspensión de los procedimientos de desahucio

Durante el Estado de Alarma, los lanzamientos de todo tipo han sido suspendidos, por lo que no podrá echarse a nadie de su vivienda habitual.

Posteriormente, una vez finalizado el Estado de alarma, habrá una suspensión de los desahucios para las familias vulnerables sin alternativa habitacional, es decir, que no puedan encontrar otra vivienda, que se prolongará durante seis meses.

Por ello, no se podrá tramitar ningún procedimiento de desahucio por falta de pago durante ese plazo. El inquilino deberá acreditar ante el Juzgado que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la crisis del coronavirus.


Moratoria en grandes propietarios

Los inquilinos que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica podrán solicitar al arrendador, ya sea una empresa, una entidad pública de vivienda o un gran tenedor, el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta durante el tiempo que dure el Estado de alarma y prorrogable hasta cuatro meses después.

Se considera como gran tenedor a la persona física o jurídica que sea titular de 10 o más inmuebles urbanos.

A partir de aquí, el arrendador podrá elegir entre dos opciones:

a) Ofrecer al inquilino una reducción del 50% del alquiler (perdonándole el otro 50%) durante el tiempo que dure el Estado de alarma y prorrogable hasta cuatro meses después (con el beneficio de recibir los ingresos de forma inmediata) o

b) Moratoria o aplazamiento en el pago de toda la renta de alquiler durante el tiempo que dure el Estado de alarma y prorrogable hasta cuatro meses después (durante dicho tiempo el inquilino no pagará nada). El 100% de las rentas de alquiler que ha dejado de pagar el arrendatario, las deberá pagar fraccionando el pago en el plazo de tres años una vez extinguida la referida moratoria y sin ningún tipo de interés acumulado. Eso sí, siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.


"Artículo 4 Aplicación automática de la moratoria de la deuda arrendaticia en caso de grandes tenedores y empresas o entidades públicas de vivienda

1. La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, tal y como se define en el artículo siguiente, podrá solicitar de la persona arrendadora cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.

2. En el caso de que el acuerdo no se hubiese producido, el arrendador comunicará expresamente al arrendatario, en el plazo máximo de 7 días laborables, su decisión, escogida entre las siguientes alternativas:

  • a) Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses.
  • b) Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas. La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas a la persona arrendadora sin intereses."

Moratoria en pequeños propietarios

Según cálculos del Gobierno, aunque no hay cifras oficiales al respecto, en el 85% de los arrendamientos de vivienda el propietario es una persona física y pequeño propietario. Esta particularidad, explica el decreto, "hace necesario que las medidas adoptadas faciliten los acuerdos entre las partes para facilitar el pago de las rentas". En este sentido, el texto discutido en el Consejo de Ministros permite que los inquilinos vulnerables soliciten al arrendador una prórroga o condonación. Ambos tendrán un plazo de siete días laborables desde la petición para buscar alternativas, ya sea la suspensión, el aplazamiento o el fraccionamiento de la cuota.

En el caso de que el arrendador no acepte, la persona afectada podrá "tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación" avaladas por el Estado.


Prórroga de los arrendamientos de vivienda habitual

Los contratos de alquiler de vivienda habitual que venzan o se extingan entre la entrada en vigor del Estado de alarma y dos meses después de su finalización, podrán prorrogarse, a petición del inquilino, por un periodo máximo de seis meses.

Durante esta prórroga de medio año, se mantendrán los términos y condiciones establecidos en el contrato inicial. Esta solicitud deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que las partes fijen de común acuerdo otro tipo de condiciones.


Supuestos de vulnerabilidad a los que se aplican las ayudas

El Real Decreto amplía las condiciones necesarias para poder acogerse al supuesto de vulnerabilidad. Entrarán por tanto a ser considerados como beneficiarias de las ayudas,

  • Las personas que estén en desempleo,
  • Las que hayan sufrido un ERTE y
  • Las que hayan reducido su jornada por motivo de cuidados.

En caso de ser empresario habrá que acreditar la "pérdida sustancial de ingresos", no alcanzando el total de miembros del hogar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM). Este límite, como sucedió en la moratoria hipotecaria, se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo y por cada persona mayor de 65 años, o por 0,15 en el caso de que la familia sea monoparental. Se tendrán también en cuenta para la concesión de las ayudas, las unidades familiares que tengan algún miembro con una discapacidad superior al 33%.

Otro requisito para los hogares que quieran acogerse a las ayudas es tener que dedicar más del 35% de sus ingresos netos, sumando el conjunto de la unidad familiar, al pago del alquiler y de los suministros básicos (agua, gas, electricidad y telecomunicaciones).

Finalmente, Real Decreto deja fuera de los supuestos de vulnerabilidad, y por lo tanto de las ayudas para enfrentar la crisis del Covid-19, a cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que "sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España". No entrarán en este grupo, sin embargo, aquellos que acrediten que disponen de la parte alícuota de una vivienda heredada o los que demuestren que no pueden hacer uso de ella por "causa de separación o divorcio".

En el programa habitual de ayuda a las personas en situación de desahucio de primera vivienda se añade, según recoge el texto, a las víctimas de violencia de género.


Medidas para reducir los costes de alquiler de pymes y autónomos

El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, prevé entre otras, una serie de medidas para facilitar el pago del alquiler de oficinas y locales de negocio tanto de los autónomos como de las pequeñas y medianas empresas. La normativa que regula el acceso a dichas ayudas es la siguiente.


Beneficios y requisitos:


Arrendamientos de negocio con propietario que sea gran tenedor (más de 10 inmuebles o 1.500 m2 de superficie):

El arrendatario puede dejar de pagar el alquiler durante el estado de alarma y hasta 4 meses después sin penalización ni intereses. Tras ello, debe ponerse al día del pago aplazado en un plazo de 2 años mediante el fraccionamiento de las cuotas atrasadas.


Arrendamientos de negocio con propietario que no sea gran tenedor;

El arrendatario puede emplearse el dinero entregado en concepto de fianza, para atender los pagos de las cuotas de la renta del alquiler. El arrendatario deberá reponer la fianza en el plazo de un año.


Artículo 1. Arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes tenedores.

1. La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, o de industria, que cumpla los requisitos previstos en el artículo 3, podrá solicitar de la persona arrendadora, cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda, o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, la moratoria establecida en el apartado 2 de este artículo, que deberá ser aceptada por el arrendador siempre que no se hubiera alcanzado ya un acuerdo entre ambas partes de moratoria o reducción de la renta.

2. La moratoria en el pago de la renta arrendaticia señalada en el apartado primero de este artículo se aplicará de manera automática y afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con el impacto provocado por el COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.


Artículo 2. Otros arrendamientos para uso distinto del de vivienda.

1. La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, o de industria, cuyo arrendador sea distinto de los definidos en el artículo 1.1, y cumpla los requisitos previstos en el artículo 3, podrá solicitar de la persona arrendadora, en el plazo de un mes, desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta siempre que dicho aplazamiento o una rebaja de la renta no se hubiera acordado por ambas partes con carácter voluntario.

2. Exclusivamente en el marco del acuerdo al que se refieren los apartados anteriores, las partes podrán disponer libremente de la fianza prevista en el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, que podrá servir para el pago total o parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta arrendaticia. En caso de que se disponga total o parcialmente de la misma, el arrendatario deberá reponer el importe de la fianza dispuesta en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, en caso de que este plazo fuera inferior a un año.


Artículo 3. Autónomos y pymes arrendatarios a efectos del artículo 1 y el artículo 2.

Podrán acceder a las medidas previstas en los artículos 1 y 2 de este real decreto-ley, los autónomos y pymes arrendatarios cuando cumplan los siguientes requisitos:

1. En el caso de contrato de arrendamiento de un inmueble afecto a la actividad económica desarrollada por el autónomo:

a) Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA.

b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto.

c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.

2. En caso de contrato de arrendamiento de inmueble afecto a la actividad económica desarrollada por una pyme:

a) Que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto.

c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá acreditar la reducción de su facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.


Artículo 4. Acreditación de los requisitos.

El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3, se acreditará por el arrendatario ante el arrendador mediante la presentación de la siguiente documentación:

a) La reducción de actividad se acreditará inicialmente mediante la presentación de una declaración responsable en la que, en base a la información contable y de ingresos y gastos, se haga constar la reducción de la facturación mensual en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior. En todo caso, cuando el arrendador lo requiera, el arrendatario tendrá que mostrar sus libros contables al arrendador para acreditar la reducción de la actividad.

b) La suspensión de actividad, se acreditará mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

Deudas Hacienda

Se amplían los plazos de los procesos iniciados por Hacienda:

En relación a los expedientes de reclamación de cantidad ya abiertos, el plazo se extenderá hasta el 30 de abril, y respecto a los que se vayan a iniciar, donde el plazo para el contribuyente se alargará hasta el 20 de mayo.

Respecto a las autoliquidaciones de los impuestos dentro de plazo, la AEAT va a adoptar las medidas que sean necesarias para que las empresas con problemas de tesorería que vayan a acogerse a las nuevas medidas de liquidez a través e préstamos garantizados por el Estado, puedan hacer frente a los importes declarados en plazo y no ingresados. Las empresas que se acojan al mecanismo de liquidez que ofrece el Decreto no recibirán apremios por impago de impuestos mientras no les llegue la línea de liquidez a través de los préstamos aprobados.


Deudas Seguridad Social

Durante la vigencia del periodo de alarma, el retraso en la presentación de las solicitudes de prestaciones por desempleo o reanudación de la misma "no implicará que se reduzca la duración del derecho a la prestación".

El autónomo que quiera acogerse al sistema de protección del desempleo de este colectivo, conocido como cese de actividad, debe estar al corriente de sus cotizaciones a la Seguridad Social. Si no es así, el beneficiario de la prestación tendrá 30 días para regularizar su contribución a la Seguridad Social para poder percibir las ayudas correspondientes.


Ayudas económicas

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

1. Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse este durante más de un mes, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto, o, en otro caso cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad que se regula en este artículo, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

  • a) Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
  • b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior. En el caso de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que desarrollen actividades en alguno de los códigos de la CNAE 2009 entre el 9001 y el 9004 ambos incluidos, la reducción de la facturación se calculará en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores. Alternativamente, para producciones agrarias de carácter estacional este requisito se entenderá cumplido cuando su facturación promedio en los meses de campaña de producción anteriores al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con los mismos meses de la campaña del año anterior.
  • c) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.

2. La cuantía de la prestación regulada en este artículo se determinará aplicando el 70 por ciento a la base reguladora, calculada de conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70 por ciento de la base mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

3. La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

4. La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social.

5. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos establecidos en este artículo.

6. La gestión de esta prestación corresponderá a las entidades a las que se refiere el artículo 346 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

7. En el supuesto de suspensión de la actividad, la cotización correspondiente a los días de actividad en el mes de marzo de 2020 no cubiertos por la prestación regulada en este artículo, que no fuera abonada dentro del plazo reglamentario de ingreso, no será objeto del recargo previsto en el artículo 30 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

8. El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo podrá solicitarse hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma.

9. La acreditación de la reducción de la facturación se realizará mediante la aportación de la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos.

Aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 75% exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se haga constar que se cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación.


Ayudas de hasta 900 euros para el pago del alquiler por el COVID-19

Se ha aprobado un programa de ayudas al pago del alquiler, mediante adjudicación directa, destinado a las personas arrendatarias de vivienda habitual que tengan problemas puntuales para atender a sus pagos.

Así, esta ayuda pretende facilitar el objetivo "de hacer frente a la dificultad en la devolución de aquellas ayudas transitorias de financiación contraídas por hogares vulnerables que no se hayan recuperado" tras la crisis, y que por lo tanto "no puedan hacer frente a la devolución de dichos préstamos".

La cantidad que se puede percibir por esta ayuda "será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual". La solicitud de la ayuda, deberá ir acompañada, en todo caso, de copia completa del contrato de arrendamiento en vigor, con inclusión expresa del medio y forma de pago a la persona arrendadora, y de la acreditación del pago de las últimas tres mensualidades, salvo que el contrato tuviera una vigencia de menor plazo, en cuyo caso se acreditará el pago desde el inicio del contrato. Esta documentación ha de ser suficiente para que, en su caso, la ayuda pueda ser pagada de forma directa al arrendador por cuenta del arrendatario.

Las autoridades competentes para decidir sobre la concesión de dichas ayudas, serán los órganos competentes de cada comunidad autónoma y de las ciudades de Ceuta y de Melilla los que determinen la cuantía exacta de estas ayudas, dentro de los límites establecidos.


Ayudas por Comunidades autónomas por el COVID-19

Asturias. Ayudas para autónomos de 400 euros por el COVID-19

Para los autónomos que hayan llevado a cabo actividades no permitidas por el Estado de Emergencia se ha acordado un subsidio de hasta 400 € por mes para cubrir costos fijos como el alquiler, los pagos de la hipoteca o el alquiler del equipo.

Cataluña. Ayudas para autónomos de 2.000 euros por el COVID-19

Se pone en marcha una ayuda de hasta 2.000 euros por parte de la Generalitat para aquellos trabajadores autónomos dedicados a actividades de las que se haya decretado el cierre por la crisis del coronavirus, y que a la vez acrediten una reducción drástica e involuntaria de su facturación.

Para acceder a la ayuda deberán acreditar pérdidas económicas en marzo de 2020 en relación con el año anterior. En caso de que el trabajador tenga una antigüedad el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos inferior a un año, se tomará como referencia el promedio de facturación mensual desde el alta. La ayuda se otorgará hasta que se agote la partida habilitada de 7,5 millones.

Debe acreditarse por tanto una reducción drástica e involuntaria de su facturación como consecuencia de los efectos del coronavirus , y siempre que figuren de alta en actividades de las que las autoridades sanitarias han decretado el cierre y no dispongan de otras fuentes alternativas de ingresos.

Para acceder a esta ayuda los autónomos deberán estar dados de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social (RETA), y con domicilio fiscal en Cataluña. El acceso a la ayuda logra mediante la acreditación de pérdidas económicas en el mes de marzo de 2020 en comparación con el mismo mes de marzo de 2019.

En el caso de una antigüedad al RETA inferior a un año, la comparación se hará con la media de la facturación mensual desde el alta en el RETA.

El Departamento otorgará esta ayuda por el procedimiento de concurrencia competitiva hasta el agotamiento de la partida presupuestaria que se destine, y será incompatible con cualquier otra ayuda destinada a la misma finalidad.


Madrid. Ayudas para autónomos de hasta 3.200 euros por el COVID-19

Ayudas directas de hasta 3.200 euros para trabajadores por cuenta propia y sin empleados en la Comunidad de Madrid mediante el Programa Impulsa.

Los beneficiarios serán autónomos que demuestren una disminución en la actividad económica como resultado de la alerta por el Coronavirus y que sigan dados de alta durante los próximos 12 meses.

Se prevé un presupuesto de 5 millones de euros para hacer efectiva esta medida.

Valencia. Ayudas para autónomos de hasta 1.500 euros por el COVID-19

Se ha aprobado un decreto de ayudas directas a los autónomos para que puedan cobrar 750 euros para los que han visto reducida su actividad por la crisis del coronavirus, y de 1.500 euros por el lucro cesante de quienes han tenido que cerrar.

Otras comunidades y otras ayudas

Desde el gobierno se han decretado unos 3.800 millones como partida para las comunidades autónomas en materia de ayuda por el COVID-19. Con esta medida se pretende ayudar a la contención del virus por parte de estas comunidades. Consúltenos otras ayudas específicas aprobadas por éstas u otras comunidades rellenando el formulario que encontrará en el siguiente enlace:




Normativa ayuda coronavirus COVID-19

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

RD720.pdf

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

BOE-A-2020-3824.pdf

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

RD112020.pdf

Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

BOE-A-2020-4412.pdf

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

BOE-A-2020-4554-consolidado.pdf